El actual gobierno nacional se ha caracterizado en sus dos primeros años de gestión, por generar una incertidumbre constante en el plano político y económico. Tan grande fue la falta de claridad en sus políticas públicas que logró desorientar a propios y extraños. Logrando tener el grupo más grande y heterogéneo de oposición, el cual incluye a integrantes de su propio partido.
A esta incertidumbre política, se suman 4 años de crisis y estancamiento económico, que incluyen inflación creciente, cepo cambiario, déficit fiscal, múltiples tipos de cambio y desempleo, en definitiva, un desajuste de las principales variables macroeconómicas. Pese a este contexto hostil, los sectores industrial y agropecuario han mejorado su performance durante 2021 y parece que en el 2022 continuarán en alza, transformándose en los principales impulsores de la economía nacional. De ratificarse esta tendencia, sumado a una mejora en los términos de intercambio, se podría esperar para este año un PBI similar al de 2017 o incluso mayor.
Para que este crecimiento sea sostenido, es necesaria la definición de un plan económico creíble que genere incentivos para la inversión y el desarrollo, teniendo como eje fundamental la estabilidad macroeconómica y la generación de divisas que permitan financiar el crecimiento económico. De lo contrario, caeríamos nuevamente en un estrangulamiento de la balanza de pagos, el cual es uno de los principales frenos a la economía argentina desde hace 50 años.
El acuerdo entre la administración Fernández y el Fondo Monetario Internacional, podría generar un marco para que se lleve adelante este plan económico de manera “consensuada”, brindando cierta previsibilidad y calma a los mercados financieros, altamente convulsionados por la situación interna y externa.
Sin embargo, parece que el acuerdo interno es más difícil de lograr que el externo. El debate ya se está dando en el Congreso y más allá de los condimentos políticos, lo importante es tratar de visualizar qué es lo mejor para el crecimiento de la economía argentina en los próximos años.
La rúbrica a un acuerdo con el FMI, evitaría una situación de incertidumbre total en materia económica, además de la imposibilidad de acceder al crédito externo (y posiblemente interno) por el gobierno y las empresas argentinas, lo que llevaría a una virtual situación de estancamiento. Si bien el compromiso enviado al Congreso es bastante impreciso (o poco realista) a la hora de explicar cómo se cumplirán los objetivos propuestos, todo indica que se vuelve a optar por una estrategia gradualista, la cual supone que el déficit fiscal se reduciría con el correr de los años porque el crecimiento en el nivel de actividad económica (los ingresos) será mayor que el crecimiento en el nivel de gasto público.
La inconsistencia principal de este programa, se da en el supuesto de que el crecimiento sea sostenido indefinidamente, es decir, necesitamos que nuestro PBI crezca todos los años sin excepción. Algo que nos gustaría a todos, pero que es improbable sin un plan económico real y en el marco de un gobierno que hasta ahora, solo ha gestionado el “día a día” con pocas ideas y muchas dificultades.
En este sentido, las expectativas del gobierno quedan materializadas en el punto 10 del memorándum enviado al Congreso, el cual expresa taxativamente “Se prevé que el PIB crezca 3,5% – 4,5% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1,75% – 2,25% a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión…”.
Si bien el crecimiento estimado es alto, lo que más sorprende es que no explica de qué manera se van a lograr, es decir ¿Cuáles van a hacer las políticas de estimulación hacia el consumo privado y la inversión para alcanzar ese crecimiento de manera sostenida?
En otro pasaje del mismo punto establece: “Se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, apuntalada por un tipo de cambio real efectivo (TCRE) competitivo y reformas orientadas a impulsar las exportaciones en sectores clave. Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas (aumento de las reservas internacionales netas (RIN) de USD 15.000 millones a lo largo del programa) y reforzará nuestro régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg). Por otra parte, procuraremos reducir la inflación en un rango de 38% – 48% para fines de 2022…”.
Para este punto la realidad de los primeros meses del año parece estar muy a contramano del pronóstico gubernamental, ya que la tendencia inflacionaria actual supera el rango fijado como objetivo, acercándose al 55%. Por otro lado, el tipo de cambio real efectivo es el peor de los últimos 20 años, solo hace falta hablar con cualquier productor agropecuario para saber que reciben $66 por cada dólar que exportan, cuando el libre está por encima de los 200, esto no es lo que consideraría un “impulso” a las exportaciones. Finalmente, se prevé un aumento en la inversión extranjera directa, el cual dudo que exista en el corto plazo, ya que los problemas económicos locales y la inestabilidad global generan un escenario que no favorece el arribo de IED.
Hasta ahora las perspectivas son como mínimo ambiguas, pero supongamos que el gobierno cumple con sus enunciados y lleva adelante un “plan gradual de estabilización”, en este supuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se traduciría en un plan fiscal y monetario sostenible, lo cual permitiría ir logrando un sinceramiento del tipo de cambio oficial, entendido como una devaluación que termine con el atraso cambiario y alcance de manera progresiva los niveles de inflación de los últimos 24 meses. Este hecho, sumado al retroceso que ha tenido el tipo de cambio libre en el último mes, lograría una reducción de la brecha cambiaria, una mejora en los ingresos de los sectores exportadores y un incentivo a la inversión interna y externa.
Por otro lado, los préstamos pactados con el organismo internacional, permitirían aumentan las reservas de divisas, otorgando cierto nivel de maniobra al Banco Central, lo cual, sumado a la disminución de la emisión monetaria, el achicamiento del déficit fiscal y la mejora en las exportaciones, podría favorecer la lucha contra la inflación, llevándola a niveles un poco más tolerables.
En definitiva, gobierno y oposición tienen en sus manos la posibilidad de avalar un acuerdo que, si bien no es el mejor de los escenarios posibles, permite evitar una eventual crisis económica. Además, el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad de diseñar un plan económico con cierto nivel de consenso, que mejore la macro y otorgue un marco de previsibilidad a un país cansado de los altibajos.
Los sectores productivos de la Argentina han demostrado que tienen los conocimientos, la visión y la creatividad necesarias para invertir y mejorar este país, solo necesitan que no les pongan palos en la rueda.
