por licenciado Raul Ochoa y Gomez economista
Los planes sociales en Argentina, se multiplican en todas sus categorías, llegando a tener actualmente más de 140 tipologías, a las cuales se destina un monto aproximado de $ 300.000 Millones, que se reparte entre 22 Millones de personas (sí, la mitad del país cobra un ingreso sin contraprestación). Este fenómeno no paró de crecer en los últimos 20 años, pero a su vez la pobreza fue cada vez mayor y la economía estuvo prácticamente estancada durante el mismo periodo.
Parece que nos encontramos en un círculo vicioso en el cual todos los años se incrementa el gasto público, el cual necesita mayor presión fiscal para financiarse, lo cual genera que muchos agentes económicos pierdan incentivos para invertir – ya que la tasa de ganancia es cada vez menor –, lo que a su vez genera menos trabajo y, en consecuencia, mayor demanda de planes o mayor cantidad de trabajadores absorbidos por el Estado.
La causa principal de esta situación caótica, radica en las ideas de izquierda que se popularizaron a partir de la llegada al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, quienes han puesto el foco siempre en el incremento del gasto (sin ningún tipo de contraprestación) y no en la inversión y el desarrollo.
¿Pero que ocurriría si eliminamos todos los planes? Algunos estudios socioeconómicos, estiman que la pobreza aumentaría en 10 puntos porcentuales, lo cual en un contexto de alta inflación como el actual, puede llevar a una gran crisis económica y social. Pero este escenario, se daría en el supuesto que la quita de subsidios se automática y no se implementen medidas complementarias.
¿Entonces qué hacemos? En primer lugar, habría que redefinirlos. Es decir, una política pública debe estar diseñada de manera eficiente para resolver un problema puntual. En el caso de nuestro país, los planes surgieron como una ayuda transitoria en medio de una gran crisis (2001), pero en vez de eliminarse, cuando la economía se recuperó, se convirtieron en algo permanente, transformándose en una “forma de vida”.
En este marco, hay que decir que el Estado NO es el que ayuda a la gente, la ayudan los contribuyentes. Los cuales, en este país, sufren una presión impositiva cercana a la de Noruega, pero a cambio reciben servicios públicos similares a los de Uzbekistán (según datos publicados por el Banco Mundial sobre la eficacia del Estado).
Sin embargo, la izquierda se enorgullece cada vez que se lanza un nuevo plan social, como si se tratara de una política exitosa, cuando en realidad está poniendo en evidencia el fracaso de la política económica, ya que si la economía funcionaría correctamente la gente podría vivir del fruto de su esfuerzo y no de una limosna estatal.
Este tipo de dirigentes, suele argumentar que no se pueden quitar los planes, porque sus beneficiarios no podrían transitar el periodo hasta que lleguen las mayores inversiones y se creen nuevos puestos de trabajo. Pero suponiendo que esto sea real, lo que sí se puede hacer, es ponerle una fecha de vencimiento al plan, porque su financiamiento ya es insostenible, debido a que los contribuyentes tampoco pueden soportar una presión impositiva mayor, y esto se empieza a manifestar en el apoyo inusitado de ciertos sectores a referentes extremistas.
Otro de los argumentos de los políticos y organizaciones de izquierda, es que toda esta situación se debe al “liberalismo” o al “mercado”. Pero un país que asigna el 64% de su presupuesto a gasto social y que interviene fuertemente en todos sectores, está lejos de ser una economía liberal o pro mercado. La realidad, es que vivimos en una economía manejada por personas que tienen un total desconocimiento del funcionamiento de la economía, lo cual se muestra en la implementación de políticas antiguas (precios máximos, emisión monetaria extrema, aranceles a las exportaciones, restricciones a las importaciones de capital, restricciones al financiamiento y los mercados de capitales, etc, etc..), las cuales nunca funcionaron en ningún lugar del mundo y mucho menos en la actualidad.
Si los planes no funcionan.. ¿Cómo los eliminamos?
Lo primero que tendría que hacer el gobierno es generar condiciones que favorezcan la inversión privada, el emprendedurismo y todo tipo de iniciativa económica que genere empleo formal, de manera que pueda darse una inclusión real en el sistema económico de las personas que hoy cobran planes. Una vez que empiece a crecer la demanda de trabajadores por parte de las empresas, debería empezar a ponerse un límite de tiempo a los planes que se otorgan (máximo 1 año).
Al mismo tiempo, habría que aumentar los incentivos a trabajar. Existen muchas familias que sumando las distintas asignaciones cobran alrededor de $80.000, esto lleva a que la diferencia que se obtiene por trabajar en blanco sea mínima, estimulando el trabajo en negro o la perpetuidad en el subsidio. Se debería proyectar que los planes aumenten a un ritmo menor que el incremento salarial, con el objetivo de hacer más atractivo el trabajo.
Otro punto importante sería la unificación de todos los planes sociales en un único subsidio, creando un registro único que incluya: residencia, experiencia laboral, formación o habilidades, etc. Con esta información disponible sería más fácil su reinserción laboral, además, el Estado podría asignar parte de los subsidios a pagar el sueldo del nuevo trabajador, pero solo de forma transitoria.
Complementariamente, se debería poner énfasis en la formación y capacitación de recursos humanos, la cual debería tener en cuenta la demanda actual, es decir si se requieren carpinteros, electricistas, maquinistas, etc.
En síntesis, los planes sociales y las políticas populistas, no resuelven ni el estancamiento económico, ni la pobreza, sino que la profundizan, generando peores posibilidades de crecimiento y desarrollo para las próximas generaciones.
En este marco, resulta imperante que el próximo gobierno genere los consensos y las políticas públicas necesarias para – por lo menos – empezar a terminar con este tremendo condicionante que tiene la economía argentina actual.
Lic. Raúl Ochoa y Gómez .Economista
